Inseguridad Alimentaria, Salud Pública del Condado de Boulder: $130,178 (proyecto finalizado)
La pandemia provocó una mayor inseguridad alimentaria en el condado de Boulder, y los programas que atendían a las poblaciones “desfavorecidas” que no eran elegibles para los programas federales o que complementaban los programas insuficientes registraron un aumento en sus listas de espera. Para facilitar una respuesta urgente, BCPH aumentó los fondos transferidos al programa de financiamiento complementario de Mujeres, Bebés y Niños (WIC) de BCPH para proporcionar beneficios alimentarios a más familias. Este programa mejoró los beneficios de frutas y verduras de WIC, ofreciendo entrega semanal a domicilio y un modelo de mercado de productores agrícolas. En un año normal, las familias de WIC solo pueden recibir 8 dólares por persona al mes para frutas y verduras frescas. Este financiamiento mejoró la seguridad alimentaria de las familias, además de apoyar a los productores y la agricultura locales y a los socios de los mercados de productores agrícolas de Boulder y Longmont, así como la revitalización económica a través de efectos multiplicadores y el apoyo al consumo de alimentos saludables. Los mercados de productores agrícolas del condado de Boulder (BCFM) distribuyeron $20 en incentivos para alimentos saludables a las familias de WIC del condado de Boulder una vez a la semana mediante entrega a domicilio o en mercados agrícolas presenciales.
Left Behind Workers Fund, $299,999 (proyecto finalizado)
El Left Behind Workers Fund (LBWF) proporcionó ayuda financiera a los trabajadores que se vieron afectados negativamente por la pandemia de COVID-19 y no eran elegibles para recibir el seguro de desempleo y otros fondos de estímulo. El LBWF proporcionó $1000 en asistencia directa en efectivo a los trabajadores que sufrieron la pérdida de su empleo después de febrero de 2020, incluida la pérdida total del empleo, la pérdida de empleo de más de 20 horas por semana, o la pérdida anterior de más de 20 horas por semana durante un mes o más, así como aquellos afectados por una licencia no remunerada para ausentarse del trabajo debido al cierre de escuelas o guarderías, la necesidad de cuidar a miembros de la familia, o la necesidad de permanecer en cuarentena después de una posible exposición al COVID-19.
Representación en caso de desalojo, $184,325 (proyecto finalizado)
El programa de la ciudad de Boulder “No al desalojo sin representación” brinda asistencia jurídica y representación a quienes se enfrentan a un desalojo y no pueden costear la asistencia jurídica. El programa de la ciudad de Boulder fue financiado por una cuota de propietario requerida a través de una propuesta electoral aprobada por los votantes en noviembre de 2020. Servicios similares no estaban disponibles en el resto del condado de Boulder, excepto a través de servicios financiados por ayudas cuando se disponía de ellas. Debido a COVID-19 y el fin de la moratoria de desalojo, el número de personas en todo el condado que necesitaban ayuda jurídica que se enfrentaban a desalojo aumentó, y se necesitaron fondos para ofrecer estos servicios en todo el condado.
Administrador del proyecto Digital Divide, $14,022 (proyecto finalizado)
Se proporcionó financiamiento inicial para que personal temporal ayudara en la administración de proyectos del programa Digital Divide de ARPA. El programa Digital Divide proporcionó dispositivos y conectividad a jóvenes, particulares y familias durante la pandemia para que pudieran acceder a la escuela, el empleo, los servicios y otros recursos.
Servicios de empleo, Workforce Boulder County: $385,000 (proyecto finalizado)
Este proyecto requirió la contratación de cinco personas para apoyar las necesidades de empleo y reempleo de residentes locales. Workforce Boulder County contrató a cuatro “asesores de empleo” apoyados por un supervisor. Los asesores se reunieron individualmente con el público y proporcionaron servicios de triaje, información y derivaciones, asesoramiento y conexión con puestos de trabajo, trabajando desde las oficinas de Longmont y Boulder. Este servicio complementó otros como el del Centro de llamadas virtual, los Talleres de desarrollo profesional y los servicios más intensivos de administración de casos (incluida la capacitación y el reentrenamiento).
Centro de llamadas virtual, Workforce Boulder County, $370,000 (proyecto finalizado)
El Centro de llamadas virtual (VCC) se consideraba “central” para cualquier persona afectada por el desempleo. El VCC asistió a las personas que perdieron su trabajo debido a la pandemia y a la recesión económica que provocó, ayudando a la gente de nuestra comunidad a recuperar la estabilidad económica y laboral para ellos y sus familias. Las personas experimentaban tiempos de espera significativos al intentar comunicarse con la Oficina de Desempleo del Estado, y el Centro de llamadas virtual de Workforce Boulder County brindó un lugar para que las personas llegaran a una resolución. El alcance del trabajo consistía en responder las llamadas, identificar las necesidades únicas de cada persona y determinar los siguientes pasos para conseguir un empleo sostenible. Los agentes del VCC se especializaron en entender el sistema de desempleo, tener conocimiento práctico del proceso de desarrollo profesional, mantenerse al día respecto a las fuentes internas y externas disponibles para proporcionar derivaciones personales y esforzarse por ofrecer el mejor servicio público.
Fondos para relatores judiciales de la Fiscalía de Distrito, $53,649 (proyecto finalizado)
La Oficina de la Fiscalía de Distrito gestionó una acumulación de casos penales y juicios con jurado que no habían podido resolverse durante la pandemia, ya que no se celebraban audiencias litigadas ni juicios con jurado presenciales. La acumulación de juicios con jurado y casos judiciales era extensa y provocaba que la relación de juicios superara la capacidad y dejara muchos casos en el fondo durante cualquier semana judicial. Los delincuentes más peligrosos y los casos penales más serios, como agresiones sexuales, delitos contra menores y homicidios, seguían sin resolverse y era necesario seguir adelante por medio de audiencias litigadas y juicios con jurado. Debido a los recortes presupuestarios estatales provocados por la pandemia, los tribunales estatales del 20º distrito judicial despidieron a sus relatores judiciales. Sin un registro adecuado de los relatores de los juzgados para la apelación, se asume que la información no existe en el expediente, y eso puede provocar que el caso sea anulado y enviado de vuelta al tribunal de primera instancia para un nuevo juicio por la Oficina de la Fiscalía de Distrito. Para cubrir esta necesidad, se proporcionó fondos para los relatores judiciales.
Apoyo de Salud Pública del Condado de Boulder a la salud y el desarrollo infantil, $159,265 (proyecto finalizado)
El cierre de guarderías debido a la pandemia y el aumento de la presión sobre los ingresos de las familias provocaron la proliferación de guarderías sin licencia. BCPH proporcionó apoyo a docenas de proveedores sin licencia a través de un puesto bilingüe/bicultural basado en el Programa de Promoción de la Salud Infantil de BCPH. Este puesto atendió a proveedores de la Red de Familias, Amigos y Vecinos que anteriormente no recibían servicios para mejorar los resultados y la calidad de la salud infantil, el cumplimiento de las pautas de salud pública y la atención confiable para las familias que se reincorporaban a la fuerza laboral, y el financiamiento de necesidades esenciales y equipamiento de los proveedores de cuidado infantil. Además, los niños sufrieron un aumento significativo de los factores de estrés que afectaron su desarrollo socioemocional. El financiamiento de ARPA ofreció suscripciones ampliadas a dos programas clave durante un año, entre los que se incluyen: 1) Servicios de exámenes del desarrollo para identificar a los niños que necesitaban servicios de intervención temprana; 2) Ampliación de la suscripción al programa LENA (Análisis del Entorno Lingüístico) para capacitar a los padres en el desarrollo infantil y programas de educación parental para ayudar a los padres a superar el trauma que han experimentado los niños.
Apoyo para la implementación satisfactoria de los vales de elección de emergencia, $68,215 (proyecto finalizado)
Un gestor de casos a tiempo completo especializado en los protocolos Move On brindó apoyo a las personas sin hogar. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) entregó vales de elección de emergencia a las autoridades de vivienda elegibles para poner en contacto a las personas sin hogar con una vivienda; este puesto ayudó a las personas con vales a conseguir apartamentos vacíos. Al ofrecer hasta dos meses de alquiler a precio de mercado a los propietarios que informaran de la existencia de una vivienda vacía, este programa garantizaba que las personas con vales pudieran acceder rápidamente a una vivienda dispuesta a recibirlos. Esta estrategia también ayudó a las personas que tenían antecedentes difíciles, ya que estos fondos y planes podrían utilizarse como herramientas para reclutar nuevos propietarios.